Sindicato policial reclama leyes que amparen jurídicamente a policías

Las palabras del subsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez al señalar que el efectivo policial asesinado durante una rapiña a un restaurante en Pocitos estaba cumpliendo una tarea que no estaba autorizada y por lo tanto no contaba con las medidas de protección provistas por la cartera, han causado gran malestar en la interna policial. Desde el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM), la presidenta Patricia Rodríguez, dijo a www.121.com que es “notorio el desencanto que hay tras las palabras vertidas por el subsecretario, de que el funcionario estaba trabajando sin seguridad o lo que fuera. Ni siquiera le van a hacer los honores, es como una mancha y no se le considera fallecido en servicio. Pero seguramente este compañero estaba trabajando allí porque el sueldo no le daba” precisó.
Jorge Vázquez había señalado que los policías tienen un cupo limitado de horas de servicio 222 y no pueden brindar servicios de seguridad para empresas privadas. “Si alguien contrata a otra persona para una tarea de seguridad y lo contrata de forma encubierta como reponedor, tiene que saber que le está haciendo un daño al policía” sostuvo.
En este caso, según se supo, fue contratado por el propietario del local en forma personal. Pero este tipo de prestaciones fueron prohibidas y reglamentadas por el Ministerio permitiendo únicamente los servicios asignados por la Oficina de Contralor de los Servicios por el artículo 222.
“Hoy nos damos cuenta que ese artículo tiene que modificarse porque no es bueno, no fue bueno ni generó lo que se supone iba a generar, que el funcionario policial tuviera un trabajo solo. Lo que hace en definitiva es dejar a la familia desamparada con tres hijos, dos de ellos menores de edad…” dijo Rodríguez
La dirigente sindical policial dice que hace falta “mas respaldo” al accionar policial, independientemente si ese compañero esta trabajando en un servicio irregular (conocido como 223) o no.
Dijo que en el video del hecho “en realidad el funcionario no es el que dispara y lo hemos dicho varias veces que el funcionario antes de disparar lo piensa muchas veces, porque no sienten que tengan un respaldo jurídico para poder hacerlo y repeler una agresión. Entonces prima mas el miedo a terminar preso o sin trabajo dejando la familia desamparada a la actitud propia de defenderse. Sin embargo como una paradoja, por no defenderse la familia de este compañero queda desamparada”.
Según Rodríguez, “hay varios proyectos al respecto en el Parlamento y de varios partidos políticos que se han entregado. Y en todos, lo que se pretende en definitiva es darle aval al funcionario policial para repeler las agresiones y disparar cuando tiene que hacerlo y no que quede en desventaja jurídica. Lo que nosotros pedimos es precisamente que se revea con urgencia este tipo de cosas, porque hay situaciones en las que policías han disparado y han terminado procesados”.
A juicio de la dirigente policial, mas allá que si bien se ha invertido mucho en este ultimo tiempo “el funcionario policial no puede vivir de su salario y sigue siendo multitareas. No se ha logrado con el artículo donde se prohíbe realizar servicio de seguridad privada, llegar a una solución porque la realidad es que el policía necesita tener otro ingreso. E incluso para nosotros este artículo roza lo inconstitucional porque limita el derecho al trabajo.
Vale señalar que según datos del Ministerio, el cabo Coronel es el tercer policía fallecido en lo que va del año y el primero prestando este tipo de servicio. Otros dos efectivos fueron ultimados fuera de su horario. En tanto el año pasado murieron 6 policias, cuatro de ellos fuera de su horario. Y un año antes habían muerto 8 policías cuatro en enfrentamientos, dos en servicio y otros dos fuera de el.

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